Brasil

Introducción

Si entendemos que las políticas de acceso a la información son iniciativas a cargo del gobierno y de la sociedad civil en relación a internet y el entorno digital, entonces se puede decir que dichas políticas existen en Brasil desde fines de la década de 1990.

Las primeras iniciativas que apuntaron a brindar libre acceso a la información se registraron cuando internet se puso a disposición del público en general, en 1995. Algunos proyectos eran locales, como el portal de boletines de acceso abierto SciELO, fundado en 1998, o el movimiento por la reutilización y la libre distribución de música llamado Re:combo, fundado en 2001. Otros eran los capítulos locales de proyectos globales, como el Centro de Medios Independientes (Indymedia), fundado en Brasil en 2000, o la rama local de Creative Commons, que se instaló en 2004. Originalmente, se trataba sobre todo de proyectos de la sociedad civil, pero varios contaron luego con el apoyo de políticas públicas, especialmente después que asumió el poder Luis Inácio Lula da Silva en 2002.

Este informe se centra en cinco dimensiones del acceso a las políticas de información: acceso a la producción científica, acceso a materiales educativos, cultura libre, reforma de los derechos de autor, regulación de internet.

Acceso abierto a la literatura científica

Brasil ha liderado el suministro de acceso libre a la literatura científica con el lanzamiento de la Biblioteca científica electrónica en línea (SciELO)[1] en 1998. El proyecto fue fundado por la comunidad científica que trabaja en servicios de salud y cuyo objetivo era multiplicar la difusión de boletines científicos brasileños en el mundo, para aumentar así la exposición de las prácticas nacionales. Con el apoyo de las principales agencias de financiación científica, SciELO pasó de contar con 10 boletines en su proyecto piloto inicial de 1997, a tener 197 boletines que cubren las principales áreas del conocimiento en 2009.

El acceso libre o abierto a la literatura científica es una meta del movimiento internacional de acceso abierto. Desde su creación, en 1998, el movimiento vio dos vías para brindar acceso abierto en línea a los artículos que se publican en los boletines científicos: la llamada “vía dorada”, que implica tener todo el boletín en línea; y la otra, conocida como “vía verde”, por la cual cada investigador/a pone en línea una copia electrónica de sus artículos en un sitio web o un portal administrado por la institución en la que trabaja, con el fin de crear un repositorio institucional.

Como SciELO tuvo tanto éxito y se convirtió en una referencia para el movimiento de acceso abierto del mundo entero, se descuidó la vía verde de los científicos/as que archivan por sí mismos/as sus artículos. Pero como buena parte de los resultados científicos de Brasil se publican en el exterior en boletines que no son de acceso abierto, la necesidad de una política de vía verde es acuciante.

Esas políticas consisten, generalmente, en el establecimiento de un mandato que obliga a la comunidad científica y a los/as expertos/as que cuentan con financiación de una institución (universidad o centro de investigación) o agencia de financiación científica, a colocar una copia de sus artículos en línea en un repositorio institucional. Este repositorio, a su vez, debe estar abierto al público. Hasta ahora, ninguna institución o agencia financiadora de Brasil ha establecido un mandato de este tipo (aunque se está debatiendo el tema en algunas universidades).[2]

No obstante, el diputado Rodrigo Rollemberg propuso una ley federal (proyecto de ley 1120/2007)[3] según la cual debe estar en línea toda la producción científica de estudiantes, facultades e investigadores/as de instituciones públicas de formación superior. En julio de 2009, esta Ley fue aprobada por el Comité de Ciencia y Tecnología del Congreso y ahora se espera la aprobación de otros dos comités y del Senado.

La propuesta sigue los principios de un mandato que ya está en práctica desde 2006, promovido por CAPES (organismo responsable de la formación superior). El mismo establece que las tesis y disertaciones que se producen en instituciones públicas y privadas se deben poner en línea.[4] El incumplimiento se castiga con una evaluación negativa del programa de posgrado (lo que implica recibir menos fondos públicos).

Recursos educativos abiertos

Mientras la filosofía del acceso abierto presta más atención a la publicación en línea de la literatura científica, otro conjunto de políticas conocidas como de “recursos educativos abiertos” se orienta a publicar en línea materiales educativos y de aprendizaje, tanto para la educación básica como superior.  

La experiencia líder en Brasil en cuanto a recursos educativos abiertos es el proyecto de Libro de texto público[5] que promueve el estado de Paraná desde 2004. El proyecto alienta al cuerpo docente de primaria y secundaria a producir y cargar sus propios materiales educativos en internet, ofreciéndole bonos de dinero. Este material es revisado, compilado, editado e impreso en forma de libro de texto por la comunidad de pares, y también se pone a disposición gratuita de estudiantes y no estudiantes en internet.

El gobierno federal tiene dos proyectos en esta área. Sin embargo, tienen menos desarrollo que el Libro de texto público. El Banco Internacional de Objetos Educativos[6] es un portal web de herramientas de aprendizaje como mapas, textos y videos que se ponen en línea para su uso por parte de las comunidades de aprendizaje. En julio de 2009, el sitio web tenía 6.718 herramientas. El Portal de dominio público[7] es un sitio web donde se ponen a disposición por internet textos literarios y otros de licencia abierta, así como herramientas de multimedia. En julio de 2009, el portal contaba con alrededor de 83 mil textos en portugués, además de otras herramientas de multimedia y textos de dominio público en lengua extranjera, de licencia abierta.

Cultura libre

El trabajo en pos de una “cultura libre”, entendido como la práctica de los autores y autoras que ofrecen sus productos protegidos por derechos de autor de una forma que admite la libre reproducción, creció con mayor coherencia luego del establecimiento de Creative Commons en Brasil, en 2004. Antes de eso, existían iniciativas como Re:combo[8] (un movimiento de músicos que daban a conocer su música con licencias libres, que permitían la mezcla y reproducción) y la rama brasileña de Indymedia[9] (un sitio web de medios alternativos con licencias abiertas). Pero, con Creative Commons, las licencias gratuitas ganaron respaldo legal y se pudieron incorporar en iniciativas más amplias y en políticas públicas.

Como en otras partes, la difusión de la cultura libre en Brasil depende mucho de las plataformas de la web 2.0, al igual que de los sitios web y portales que adoptan modelos de licencias abiertas como Creative Commons, para publicar los contenidos que producen los usuarios y usuarias. Más allá de las grandes plataformas internacionales, como Flickr y Wikipedia, algunos proyectos locales como Overmundo[10] han contribuido con lo que se estima unos 1.516.793 trabajos procedentes de Brasil y publicados bajo licencias Creative Commons que se encuentran en la red.[11]

En cuanto a las políticas públicas, numerosos sitios web gubernamentales adoptaron licencias Creative Commons para los contenidos (incluso la agencia de prensa del gobierno, Agência Brasil).[12] El Ministerio de Cultura también apoyó el uso de licencias gratuitas, pero todavía no hizo obligatorio el uso de dichas licencias para los trabajos que financia. De hecho, una nueva ley propuesta por ese Ministerio, a punto de ser enviada al Congreso, admite el libre uso de los contenidos con fines educativos tres años después de la publicación de trabajos que hayan sido financiados a través de un mecanismo de deducción de impuestos llamado Ley Rouanet. Se espera que la propuesta provoque fuertes oposiciones en el Congreso, sobre todo a causa de esta cláusula de uso libre.

Reforma de los derechos de autor

El Ministerio de Cultura es la fuerza que subyace a un intento muy fuerte de reforma de las leyes sobre derechos de autor en Brasil. Las mismas se crearon en 1998[13] con cláusulas muy limitadas sobre el libre uso de las obras (siguiendo la línea del concepto recientemente desarrollado de “acceso al conocimiento”). En una comparación internacional realizada por la organización no gubernamental (ONG) internacional Consumers International, Brasil ocupa el lugar número 13 entre los 16 países evaluados según sus cláusulas legales relativas al acceso al conocimiento.[14] La legislación de Brasil no admite la libre reproducción de obras a través de un cambio de formato (por ejemplo, copiar música de un CD regular a un dispositivo de MP3) para el uso de personas con discapacidades (por ejemplo, pasar un libro a Braille), o para el uso de los maestros y maestras en el salón de clase.

Debido a ese mal desempeño en cuanto al permiso de acceso, las leyes sobre derechos de autor están a punto de ser reformadas en Brasil. Un largo debate con la industria, los y las artistas, la academia y la sociedad civil concluyó en la redacción de un proyecto de ley que se suponía iba a presentarse al Congreso en septiembre de 2009. Se puso a disposición un documento previo en enero de 2009,[15] en el que se podían ver los principales lineamientos de las reformas propuestas. Lo más destacable es la admisión de un espectro mayor de excepciones y limitaciones (admitiendo la copia para uso privado, la preservación del patrimonio cultural y la educación, entre otras cosas).

Regulación de internet

Brasil carece de un marco legal para regular la actividad en internet. Por eso, el uso de internet se regula sobre todo a través de otras leyes (como el código penal y el civil) y la transposición de leyes al entorno digital se realiza según lo entiende cada juez/a. Esto ha generado una serie de problemas en los que los jueces y juezas que aplican la ley no reconocen la especificad de algunas cuestiones de internet. Por ello, algunos miembros de la comunidad de internet solicitan la creación de un marco legal diseñado específicamente para internet.

El primer intento serio de ofrecer ese marco fue una propuesta (Ley 84/1999)[16] de reforma del código penal para incluir cláusulas sobre delitos “digitales”, tanto en línea como en la realidad. Los grupos de la sociedad civil se opusieron fuertemente a esta ley alegando que convertía en delitos ciertos usos cotidianos de la tecnología, como evitar los bloqueos de los teléfonos móviles que restringen el uso de un aparato a una sola empresa de telecomunicaciones, o eludir otras tecnologías restrictivas que limitan los derechos de los consumidores/as. Además, se dijo que la ley promovía la invasión de la privacidad al exigir que los proveedores de servicios de internet retuvieran los datos (posiblemente, con el objetivo de usarlos para perseguir a quienes comparten archivos y otros supuestos infractores de los derechos de autor).

Se reunieron más de 140.000 firmas contra esa ley. [17] Debido a la presión pública, cuando se escribió este informe era poco probable que la propuesta resultara aprobada. El activismo generado por el proyecto de ley no se está canalizando hacia la construcción de un marco de legislación civil para el uso de internet en el que los derechos de los usuarios y usuarias sustituyan a la criminalización.8

Pasos a dar

En base a este breve análisis de las iniciativas de la sociedad civil y las políticas públicas adoptadas en diferentes niveles de gobierno para la promover el acceso a la información en el entorno digital, se recomiendan las acciones siguientes:

• Apoyar la Ley 1120/2007, que brindará acceso a la mayor parte de la literatura científica de los/as científicos/as que trabajan en el sector público.

• Apoyar la reforma de la Ley Rouanet, que permitirá el uso libre, con fines educativos, de trabajos financiados por deducción de impuestos tres años después de su publicación.

• Apoyar la reforma del derecho de autor promovida por el Ministerio de Cultura, que incrementará las excepciones y limitaciones y promoverá el acceso al conocimiento.

• Oponerse a la Ley 84/1999, que tratará como delitos a ciertos usos cotidianos de la tecnología y viola la privacidad de usuarios y usuarias de internet.

• Apoyar la creación de un marco de legislación civil que establezca los derechos de internet.