Chile

Nota: este artículo es una versión reducida en español del artículo publicado en http://www.giswatch.org/en/country-report/economic-social-and-cultural-rights-escrs/chile y constituye parte del Monitor Mundial sobre la Sociedad de la información 2016 http://www.giswatch.org. El contenido de este informe se halla bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es

El programa “Salud+Desarrollo” y su impacto en los grupos excluidos

A pesar de que Chile forma parte de importantes alianzas de países con economías abiertas como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), su sistema de salud pública todavía dista de ser ideal. Por una parte, los indicadores de salud han mejorado; por otra, el sistema cuenta con deficiencias de servicio y un alto costo directo para los usuarios.

No obstante, Chile es uno de los primeros países en América Latina que ha incorporado políticas públicas sobre tecnologías de información y comunicación en relación con el ejercicio al derecho fundamental a la protección de la salud. Específicamente, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), la principal agencia chilena de desarrollo, ha lanzado “Salud+Desarrollo” (S+D), un programa nacional estratégico que busca fortalecer el desarrollo y la administración de servicios de salud. La directora del programa, Aisén Etcheverry, expresó las principales características del programa y los desafíos que enfrenta.

El programa se inserta en un contexto particular. El Estado chileno ha reconocido el derecho a la protección de la salud formalmente desde la firma y ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1972. Pero el pacto entró en vigor con el valor de ley de la República en 1989, después de que comenzó a regir la Constitución de 1980. A partir de las modificaciones al sistema económico y de prestaciones estatales en la Constitución desde el régimen militar, el derecho a la protección de la salud en Chile no implica un deber correlativo del Estado exigible judicialmente, sino solamente en relación con el derecho a escoger entre un prestador privado o público de servicios de salud. La provisión de servicios de salud está desde entonces íntimamente ligada a la capacidad de pago de cada persona.

Algunos de los problemas actuales de los servicios de salud en Chile son de recursos. El gasto público en salud es todavía inferior al promedio de la OCDE. Existen desafíos persistentes como el envejecimiento de la población, el deficiente acceso y la calidad de los servicios de salud, deficiencias de infraestructura, brechas de eficiencia y coordinación entre unidades y sistemas público-privados, y falta de liderazgo. Esto se traduce en problemas para acceder a prestaciones de salud o falta de equipamiento o profesionales en zonas rurales.

El mayor problema recae en el financiamiento de los servicios de salud, que a su vez soporta los costos de las ineficiencias mencionadas. El sistema chileno de salud depende de la afiliación a un esquema público o privado de financiamiento de prestaciones sanitarias, supliendo a menudo un pago directo por esas prestaciones. El sistema público, el Fondo Nacional de Salud, provee financiamiento (a menudo parcial) para el 78,3 % de la población que no es parte del aseguramiento privado mediante las Instituciones de Salud Previsional o Isapres, y que coinciden con las personas de más altos ingresos.

Dentro del sistema público, donde está la gran mayoría de la población, la eficiencia es clave. Si bien existe un reconocimiento de derechos de las personas y de deberes correlativos estatales para la entrega de servicios de salud o su financiamiento, la disponibilidad de recursos es limitada. La tecnología sirve para enfrentar los desafíos asociados y reducir los costos de procedimientos. Por ejemplo, la provisión de telemedicina, y la toma de exámenes analizados de manera remota, permite un mejor acceso desde localidades remotas. Internet permite a su vez la teleconsulta con médicos generales y especialistas. El uso de fichas médicas centralizadas con la información de historial médico de cada paciente, puede implicar el ahorro de costos duplicados en exámenes, diagnóstico y prescripción para una misma persona por médicos distintos en distintos lugares del país. El programa S+D busca potenciar el uso de tecnologías en estos sentidos.

Por cierto, la implementación de sistemas modernos de prestación de salud conlleva problemas propios, como la falta de conectividad en buena parte del territorio, o la existencia de sistemas de información en distintas instituciones que no son compatibles entre sí para el manejo de los datos sobre procedimientos o pacientes, o bien problemas como el marco normativo para la protección de datos personales en relación con información sensible como son los datos médicos.

El programa S+D busca entregar apoyo a iniciativas en tecnología que se hagan cargo de los problemas de la salud en Chile mediante el uso de tecnologías, coordinando el punto de encuentro entre las necesidades identificadas por el gobierno y las soluciones ofrecidas por desarrolladores, priorizando según el examen de sus capacidades y la innovación ofrecidas, y buscando interoperabilidad y calidad. Aun si el desarrollo de esas soluciones no encontrare suficientes clientes en la prestación privada de salud, el Estado sigue siendo un importante adquirente de tecnologías dentro de su deber asociado al derecho a acceder a prestaciones para la protección de la salud.

El programa se inserta en un contexto donde la desigualdad existe no solamente en cuanto a las posibilidades de acceso a la salud, sino también con desigualdades en las posibilidades de acceso a internet o a las capacidades para su uso, lo que condiciona su potencial para el auxilio en el ejercicio de derechos sociales. Por esta razón, tanto el programa S+D como iniciativas de participación en la elaboración de políticas de salud y el avance en la conectividad y la capacitación para el uso de TIC se vuelven elementos clave, en conjunto, para el ejercicio del derecho a la protección de la salud. La generación de evidencia, la capacitación, la reforma legal en áreas relevantes y la inversión pública en conectividad, son elementos necesarios para lograr estos objetivos.