América Latina y el Caribe

En una región donde los recuerdos dejados por las experiencias de dictaduras aún siguen frescos, el acceso a la información se considera una herramienta de lucha en favor de la democracia y contra la corrupción, una forma de acrecentar el desarrollo e incrementar la seguridad, además de garantizar la buena gobernanza, la salud, la educación y una mejor calidad de vida, junto con otros derechos esenciales.

Luego de años de esfuerzos coordinados para consolidar el derecho de acceso a la información, la mitad de los países de la región de América Latina y el Caribe aprobaron leyes que lo promueven, y en la mayoría de los que aún no lo hicieron, los proyectos de ley se debaten o están a punto de promulgarse. Los principales obstáculos de la región se relacionan con la implementación. Frente a los intereses de seguridad nacional – desde agentes externos hasta la delincuencia y criminalidad interna – y la presión que ejercen las crisis económicas, los países que en su momento contaban con leyes de gran vigor están ahora en retirada, ya que la primacía de esas leyes se ve amenazada por la percepción de que los problemas económicos y los de seguridad no pueden coexistir con la apertura.

En el presente, México, Perú y Panamá cuentan con leyes vigentes que validan el pleno acceso nacional, mientras que Uruguay, Guatemala y Chile buscaban implementar las suyas en 2009 y Brasil está a punto de crear su legislación.

Sin embargo, es notable como no se ha logrado resolver la especificidad y el potencial del acceso en línea en en el contexto del acceso a la información más general. Los cambios tecnológicos ocurren a mayor velocidad de la que pueden tener las respuestas políticas y, si no se conducen con habilidad, pueden impedir el acceso a la información y el conocimiento, en lugar de fomentarlo.

El derecho de acceso a la información cuenta con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), organizaciones no gubernamentales (ONG) – financiadas principalmente por fondos provenientes de la Fundación Ford, el Centro Carter y la Iniciativa Sociedad Abierta – y otras ONG locales, más pequeñas, que tienen una fuerte relación con las asociaciones de prensa y derechos humanos.

La Conferencia Regional de las Américas sobre el Derecho de Acceso a la Información (Lima, abril de 2009)^[1]marcó un momento de madurez en el desarrollo y la discusión del tema de acceso a la información^[2]y fomentó la consolidación de un grupo multisectorial sobre acceso a la información, con clara predominancia de ONG que defienden derechos humanos como la libertad de expresión y la buena gobernanza,^[3]organizaciones intergubernamentales^[4]y los gobiernos.

El acceso en línea no se consideró un tema en sí mismo, pero estuvo fugazmente representado en los hallazgos y el plan de acción de la conferencia:

Aunque la tecnología puede contribuir al acceso a la información, no es una panacea. El uso que hacen los Estados de sitios web y nuevas tecnologías es más una vía de divulgación que un sustituto importante del acceso a la información, según el cual todas las personas tienen derecho a buscar y recibir información independientemente del medio.^[5]

Esta es una posición tecnológicamente neutral. Sin embargo, en el Plan Regional de Acción emitido por la reunión, se menciona el uso tecnología “donde sea pertinente” y también se recomienda la adaptación de los documentos oficiales a una expresión comprensible y su traducción a las lenguas indígenas. El Plan de Acción también estimula el uso de la tecnología para garantizar la transparencia de los informes públicos (que deben existir en papel y en formato electrónico) y aconseja que los países soliciten asistencia técnica para digitalizar sus registros.

Por otro lado, el movimiento que promueve el acceso en línea a la información, la cultura y el conocimiento no tiene el mismo enfoque ni las mismas motivaciones que los y las defensoras de la libertad de información. Por ejemplo, existen causas políticas, económicas, sociales y tecnológicas que subyacen al problema del acceso a la información en línea, y estos asuntos parecen haber sido tenidos en cuenta por diferentes interesados/as.

El problema del acceso a los recursos en línea se acentúa con la brecha digital, que inhibe el acceso a la información en línea. Si bien 34%^[6]de la población de la región tiene acceso a internet, ello no significa banda ancha ni acceso desde el hogar. De modo que uno de los principales objetivos de desarrollo de la región ha sido y sigue siendo cerrar la brecha digital.

Una tendencia importante del acceso a la información en línea en la región de América Latina y el Caribe es su naturaleza colectiva y pública: se accede a internet en puntos públicos, ya sean escuelas o cibercafés. El acceso a contenidos en línea desde el hogar es privilegio de las personas con mejor situación económica,  y si bien la conexión a internet ya no se considera un lujo, la mayoría de la gente sigue sin tener esa posibilidad.

Algunos han buscado cerrar la brecha digital en el plano educativo mediante la iniciativaUn computador por niño/a(OLPC, por su sigla en ingles), oClassmate, la versión de esta iniciativa de Intel, utilizando software propietario y de fuente abierta. En 2009, Uruguay terminó de distribuir computadores XO entre todos los y las estudiantes de las escuelas incorporadas al programa OLPC. Perú también se embarcó en el proyecto y a fines de 2008 había entregado 25 mil computadores XO entre alumnos/as y docentes de dos mil escuelas. La provincia de San Luis, en Argentina, introdujo la versiónClassmatede computador. Estos programas apoyan el acceso al conocimiento eliminando las limitaciones económicas del acceso a computador y a internet – una dimensión clave es la conectividad escolar, incluso en zonas rurales. Los resultados son tangibles: los fines de semana, los niños y niñas van a las escuelas para navegar gratis por internet.

Estos programas de alfabetización digital temprana también promueven una cultura de producción entre pares, que es una dimensión social del acceso. Estos computadores están diseñados para funcionar interconectados y los niños y niñas realizan sus tareas escolares en colaboración con sus pares. Pueden incluso compartir su trabajo con alumnos/as de otras escuelas.

Además de las escuelas, hace tiempo que la región de América Latina y el Caribe tiene varias iniciativas relativas al acceso público a la información en línea. Uno de estos programas es el Comité para la Democracia en las Tecnologías de la Información (CDI),con cerca de 600 escuelas en seis países de la región.^[7]Las escuelas, que se llaman Escuelas de Tecnología Informática y derechos de los/as ciudadanos/as, tienen una estructura organizacional horizontal y ofrecen infraestructura y capacitación para personas de todas las edades, pero sobre todo para niños y niñas, en entornos urbanos y rurales. Fundada en 1993 en Brasil, se trata de una de las pocas organizaciones que tienen presencia regional y brindan alfabetización digital. El programa apunta sobre todo a ofrecer acceso a computadores con conexión a internet y a sensibilizar en cuanto a la búsqueda de información orientada a los ciudadanos y ciudadanas (como recursos educativos, sitios web gubernamentales y horarios de transporte). Otra iniciativa es el programa chileno Biblioredes, que brinda acceso a internet en 400 bibliotecas que cubren 90% del país, con una tasa de uso de computadores de entre 93% y 95%. Se trata de uno de los éxitos del esquema nacional de sociedad de la información. Hay una miríada de ejemplos de telecentros públicos^[8]tanto en zonas urbanas como rurales del continente que florecieron gracias a tecnologías como WiMAX. Colombia, por ejemplo, es uno de los primeros países del mundo donde se ofreció WiMAX en forma comercial y constituye 5% del mercado de banda ancha.^[9]

Una tendencia futura muy fuerte en la región es el acceso a través de dispositivos móviles. Empresas como Telefónica y Nokia ya se encuentran adaptando sus servicios a esta realidad inminente. Aunque más de 300 millones de latinoamericanos/as poseían un teléfono móvil en 2009, los costos de acceso, como en el caso de internet móvil, todavía son muy elevados. En la región los teléfonos móviles son usados principalmente para hacer llamadas, aunque esto difiere en los países donde los índices de alfabetización son más altos (países del Cono Sur como Argentina, Uruguay y el sur de Brasil), donde los teléfonos celulares son más utilizados para mensajes de texto (SMS) que para hacer llamadas, en comparación con países como México y Colombia. De todas maneras, el índice de analfabetismo del continente (11%) supone un reto al desarrollo de contenidos en línea para teléfonos móviles, pues la mayor parte de las personas depende de interacciones basadas en la voz o en imágenes.

El Proyecto Access to Knowledge (A2K) de Consumers International  desarrolló unaLista de observaciónglobal sobre la propiedad intelectual que cubre 16 países de todo el mundo^[10]y en la que Argentina, Chile y Brasil son los tres peores en lo que se refiere a gestión de derechos digitales. Este tipo de investigación constituye una contribución a los debates mundiales sobre derechos de propiedad intelectual desde la perspectiva de los consumidores y consumidoras, en una región en la que las asociaciones de consumidores/as tienen una historia muy breve.

EstaLista de observaciónseñala lo siguiente:

• En relación a la libertad de acceso y reutilización de contenidos por parte de los creadores y creadoras de contenidos, ninguno de los países estudiados defiende los intereses de los/as consumidores/as en cuanto a la expresión de su creatividad en blogs, wikis, intercambio en línea de videos o popurrís.

• La libertad de compartir y transferir archivos no está representada en la ley y las políticas domésticas. Ninguno de los países de la región cuenta con una legislación habilitante que podría incluir la adquisición de contenidos a un precio justo y el alquiler o la descarga gratuita de contenidos no comerciales. Sin embargo, estas prácticas son frecuentes en las redes sociales (desde versiones locales como Orkut y Sonico, hasta plataformas globales como Facebook y MySpace) y otras plataformas de intercambio de contenidos. En los últimos dos años, estos sitios estuvieron entre los cinco más visitados de la región.

• La administración y ejecución de los derechos de propiedad intelectual es cada vez más invasiva. Igual que en otras regiones, la industria musical incorporó medidas de protección tecnológica, pero los proveedores de servicios de internet siguen siendo relativamente libres en comparación con Europa. Sin embargo, los proveedores de servicios empiezan a desarrollar estrategias para controlar la descarga de material en línea de ciertos sitios para castigar a los mayores usuarios, lo que es contrario al principio de neutralidad de la red, que está totalmente ausente salvo en unos pocos ejemplos de legislación de la región (Perú es una de esas excepciones).

El trabajo de Consumers International también subraya las deficiencias legislativas de varios países de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, el sistema de copyright de Argentina es muy restrictivo y no incluye excepciones para la reproducción de música o películas para uso personal, lo que incluye copias de respaldo o con fines educativos, pero en la práctica, estas restricciones nunca se ejercen. Por el contrario, en tribunales los jueces establecen una distinción entre uso personal y propósitos comerciales a la hora de penalizar infracciones en esta área. En Argentina no hay mucho conocimiento de los sistemas alternativos al de la propiedad intelectual, como las licencias de fuente abierta y acceso abierto. El Congreso argentino se resistió a introducir una nueva legislación que habría reforzado la condena por los delitos contra los derechos de propiedad intelectual.

La ley de copyright de Brasil data de 1996 y no ha sido actualizada a fin de reflejar el potencial de internet. Sin embargo, el país está ahora entrando en la etapa final de un importante proceso de debate, encabezado por el Ministro de Cultura, sobre las enmiendas a la Ley de copyright cuyos resultados se presentaron ante el Congreso en 2009. Aún no se conocen las conclusiones, pero dado el tono del gobierno del actual Presidente Luiz Inacio Lula da Silva, no debería sorprender que se produjeran importantes mejoras en cuanto a la creación de un ambiente más abierto y centrado en los ciudadanos y ciudadanas.

Una nueva ley chilena cuya intención es modificar y actualizar su Ley sobre la propiedad intelectual propone regular asuntos que actualmente no forman parte de la legislación. Uno de los principales objetivos es lograr que la protección correcta del copyright y los derechos relativos al mismo sea compatible con el derecho legítimo de la comunidad de acceder a nuevas creaciones, incluso al arte y al conocimiento en general.

Consumers International también organizó un taller en Santiago en 2009, junto con asociaciones de consumidores y consumidoras de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. Uno de los objetivos era sensibilizar a la gente sobre el conocimiento de interés público. Con este fin existe el plan de desarrollar un Observatorio Regional sobre Acceso al Conocimiento, como contrapartida a la lista negra que promovió el gobierno de Estados Unidos, en la que figuran los países que se considera no protegen correctamente los derechos de propiedad intelectual.

A modo de conclusión, vale la pena destacar algunos datos suministrados por laLista de observaciónde proveedores de internet 2009 de Consumers International (ver Cuadro 1). Los datos se presentan para ilustrar el efecto de las leyes nacionales de copyright y las prácticas regionales destinadas al cumplimiento de las mismas (desde la perspectiva del interés de los consumidores y consumidoras).

Fuente: Adaptado de la Lista de observación de proveedores de internet 2009 de Consumers International, basada en una encuesta realizada en 16 países. A es el puntaje más alto y F el más bajo.

 En una región con grandes brechas sociales y económicas, el acceso a internet sigue siendo una dimensión para considerar desde perspectivas múltiples, y no solo desde la provisión de infraestructura. Por ejemplo, el mercado de internet móvil puede cambiar algunas de las perspectivas actuales que consideran que el acceso en línea es la única forma de seguir adelante. Ajustar la legislación, promover la ejecución de las leyes y fomentar una cultura de producción entre pares son algunos de los puntos principales para la región en este sentido.

Un aspecto político menos tangible pero igualmente eficiente para promover el acceso en línea consiste en introducir la perspectiva de acceso al conocimiento en la dimensión del acceso a la información. Las iniciativas de acceso al conocimiento concebidas en múltiples niveles y vinculadas a las comunidades de base deberían ser tenidas en cuenta en los debates sobre libertad de expresión, transparencia y responsabilidad que varias organizaciones de derechos humanos y gobiernos de la región han promovido en los últimos,.

Es sólo mediante la adopción de un enfoque sistémico, de esfuerzos conjuntos entre los diferentes interesados, que se podrá garantizar más y mejor el acceso a la información en línea.