Chile

Introducción [1]

Como es el caso en la mayoría de los países latinoamericanos. Chile no tiene aun regulación especifica o leyes relacionadas a residuos electrónicos (e-waste).  Un aspecto crucial para entender este desafío está relacionado no sólo a una voluntad política en el tema, sino también a la ausencia de una visión y estrategia nacional sobre el reciclaje y disposición de materiales y productos de residuos peligrosos y tóxicos.

Algunas iniciativas han sido tomadas en orden a preparar regulaciones para residuos tóxicos y peligrosos, que incluyen el e-waste. Sin embargo, con el cambio de la administración del Presidente Sebastian Piñera, y las inesperadas consecuencias del terremoto del 27 de febrero en la zona centro sur de Chile, no está claro cuando dicha normativa vaya a ser adoptada.

Desde el 2004, la Plataforma Regional en Residuo Electrónico para América Latina (Plataforma RELAC) [2], una iniciativa de la sociedad civil, ha trabajado para sistematizar información, investigaciones y estudios en esta área, y ha creado un grupo de trabajo público-privado para promover la implementación de un sistema de administración de e-waste en Chile. Este incluye un acuerdo voluntario con compañías internacionales para reducir sus residuos electrónico y ayudar a construir una capacidad de reciclaje como parte de su “responsabilidad extendida del productor”.

En este contexto, hemos identificado al menos dos compañías de reciclaje de residuo electrónico en Chile, dos iniciativas en el área de renovación de computadores, y algunas iniciativas sin fines de lucro que están promoviendo el reciclaje de teléfonos móviles para ayudar a organizaciones de caridad.

Contexto normativo y legislativo

La Constitución chilena garantiza el derecho a la vida, la salud y el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, entre otros derechos fundamentales. La Constitución también provee un mecanismo judicial expedito contra conductas ilegales y/o arbitrarias que afecten estos derechos. Sin embargo, la ausencia de provisiones legales específicas en residuos electrónicos reduce la eficacia de las herramientas constitucionales en la materia.

En 2003, Chile adoptó regulaciones específicas para residuos peligrosos y tóxicos que establecieron medidas seguras y saludables para el almacenamiento, transporte, reutilización, reciclaje y procesamiento de residuos peligrosos. Luego, en 2007, se adoptaron normas respecto del residuos domiciliarios. Pese a esto, Chile aún no tiene una legislación específica para el e-waste. Por lo tanto, cualquier iniciativa que pretenda trabajar en esta área debe basarse en los estándares relacionados a residuos tóxico, que parecen inapropiados para manejar el reciclaje de residuos electrónicos, aumenta sus costos y los trámites para las iniciativas de reciclaje.

En Chile no hay una estrategia pública nacional que trabaje con el reciclaje doméstico (pese a la existencia de regulación), pero en los últimos veinte años el país ha hecho importantes mejoras en instalaciones para el tratamiento de desechos domésticos, como también a nivel industrial de tratamiento de residuos peligrosos, de acuerdo a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA)[3].  Actualmente, sobre el 60% de los residuos son procesados en instalaciones apropiadas, ambas desde una perspectiva medioambiental y de salud. Gracias a los avances en las políticas de  manejo de desechos sólidos, el país avanza hacia los objetivos reduciendo la generación de residuos y apoyando la reutilización. Desde 2005, Chile ha tenido una Política  de Administración de Desecho Sólido Integrada. Su plan de acción está implementado, evaluado y, si es necesario, reformulado por  la Secretaría Ejecutiva de Desecho Nacional, una entidad formada por varias agencias estatales.

Adicionalmente, la CONAMA ha desarrollado pautas para el procesamiento de residuos. Al 2010, estas pautas ya están disponibles para el desecho de aceite industrial, pilas, y desechos peligrosos. Sin embargo, no hay pauta alguna ni buenas prácticas disponibles para el e-waste.

Hoy en día, el mercado de manejo de desechos electrónicos es aún limitado, enfocándose principalmente en la recuperación de equipos para extender su uso en proyectos sociales, y en el desarme y exportación de piezas para recuperación en industrias fuera del país. Estos residuos están hoy legalmente calificado como peligroso, debido a la presencia de componentes químicos.

E-waste en Chile: Levantando el reciclaje

CONAMA ha estimado que los chilenos desechan sobre 7.5 millones de unidades en equipos electrónicos (computadores y accesorios, además de teléfonos móviles) cada año; esto es, el equivalente a 8,000 toneladas aproximadamente. También se estima que desde los años noventa, más de 13 millones de teléfonos móviles han quedado obsoletos. Entregando un peso promedio de 200 gramos cada uno, se traduce en 2,600 toneladas de e-waste.[4]

De acuerdo a estadísticas internacionales, con un crecimiento del 407%, Chile es el país número 13 en el ranking mundial de países con alto crecimiento en el número de computadores per capita entre los años 1993 y 2000. Un estudio elaborado por la Plataforma RELAC estima que para el 2010, Chile tendrá 10,500 toneladas de desechos computacionales.

Uno de los mayores obstáculos para tener normativa en residuos electrónicos es la falta de buenas alternativas para su recolección y tratamiento. Se espera que durante los próximos años este objetivo se convierta en parte central de la agenda medioambiental del país, así como de las metas de desarrollo digital. Desde 2009 Chile es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que requiere la implementación de un marco legal que regule el manejo del e-waste.

Una de las mayores iniciativas de la sociedad civil para promover el trabajo público y privado en esta área es la Plataforma RELAC, coordinada con la ONG SUR de Chile. Ésta ha estado trabajando desde el 2004 por toda Latinoamérica. En Chile, RELAC, en colaboración con CONAMA, ha hecho importantes aportes hacia la sistematización de información y la conducción de investigaciones y estudios a nivel país, tales como un reporte en productos electrónicos y residuos en Chile. Como resultado de su trabajo, en Febrero de 2009 un acuerdo voluntario fue firmado por cuatro compañías tecnológicas que se comprometieron a un adoptar programa extendido de responsabilidad del productor.

Uca Silva, coordinadora de la Plataforma RELAC, dice que aún cuando la legislación y normativa es muy importante, las mayores compañías de tecnologías de información y comunicación (ICT) tienen mandatos corporativos muy específicos en el ámbito del e-waste, relacionados con políticas globales de la compañía. Cualquier legislación local debe ser compatible con estas normas globales para poder cumplir el compromiso de estas compañías.

En relación  a las compañías formales de reciclaje electrónico, sólo dos tienen autorización para operar, con buenas instalaciones y procesos profesionales acordes a los estándares internacionales. El sistema de reciclaje de computadores existente involucra el desarme, de manera de recuperar valiosos elementos que tienen un mercado nacional  o la exportación de una fracción para el tratamiento en plantas fuera de Chile. La fracción que no puede ser vendida debería ser eliminada de acuerdo a la normativa que corresponda en lugares autorizados.

Recycla es una compañía  de reciclaje que ha recibido muchos premios, reciclando cualquier pieza, desde teléfonos móviles a sistemas industriales de telecomunicación. Su proceso incluye la recolección, desmantelamiento y clasificación de acuerdo a los diferentes materiales (especialmente aluminio y cobre) y el nivel de toxicidad. Ellos tienen socios internacionales (como la compañia sueca Redoma) y promueven educación a través de su sitio web.[5]  Otra compañía de reciclaje es Degraf, [6]  que recibe residuos electrónicos que ya está desarmado, luego la fracción reciclable es separada de los componentes peligrosos. Es importante destacar que ambas compañías operan solamente en la ciudad de Santiago.

También hay varias iniciativas que promueven la renovación y reciclaje de PCs y teléfonos móviles en una pequeña escala. Sin embargo, necesitan coordinarse y apoyarse de manera de tener un impacto a nivel nacional. Hay dos iniciativas de renovación de computadores (Fundación Chilenter y Comisión para la Democratización de la Tecnología de la Información) que recuperan computadores con ciertas características. Estos son posteriormente donados a los colegios y otras organizaciones sociales sin fines de lucro, contribuyendo a reducir la brecha digital.

La Fundación Chilenter [7]  es una institución sin fines de lucro fundada el 2002, y parte de una Red de Fundaciones de la Presidencia de la República. A la fecha, han renovado más de 15.000 computadores, beneficiando a 1.200 colegios, centros de cuidado diurno y organizaciones sociales de diferentes tipos. En este momento, están trabajando con Computer Aid International, una organización sin fines de lucro del Reino Unido que tiene años de experiencia en esta área.

El Comité  por la Democratización de la Tecnología de la Información (CDI) Chile [8]  es una organización sin fines de lucro y miembro de  una red internacional de empresas sociales, fundada en Brasil, en 1995. El CDI trabaja en programas de literatura digital para comunidades excluidas digitalmente y establece centros comunitarios como parte del Red de Asociación de Telecentros Chilenos (ATACH). A través de su campaña “Dona tu Computador”, recoge computadores que ya no se usan para renovarlos en plantas de reciclaje localizadas en instituciones educacionales. Luego son usados en sus propias escuelas y telecentros digitales, además de otros proyectos educacionales o sin fines de lucro. CDI Chile es parte también del Proyecto Donatec,[9]  una iniciativa de varias ONG  chilenas que promueven la donación tecnológica, en software y hardware, por compañías mayores.

Adicionalmente, la Fundación Niño y Cáncer,[10] otra organización sin fines de lucro, usa una red local de video club para promover la recuperación y reciclaje de antiguo equipamiento móvil y de computación, como modo de financiar la organización.

Las sucursales chilenas de Movistar  y Nokia colaboraron recientemente en la creación de un programa de reciclaje para teléfonos móviles descartados, sin importar la marca. Estos son recolectados en buzones especialmente creados para este propósito, localizados en las oficinas de Movistar en el país. Los teléfonos son enviados fuera de Chile para reciclar sus componentes (pantallas, circuitos integrados, parlantes, micrófonos, carcazas, baterías y accesorios). Otra colaboración es la de la compaía de telecomunicaciones Entel PCS y el Hogar de Cristo. 

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Ellos lanzaron una campaña solidaria para juntar fondos en beneficio de la fundación, animando a todos los usuarios de teléfonos móviles a donar aquellos que estában obsoletos. Estos son recolectados en distintas sucursales de la compañía, centros comerciales y centros comunitarios, entre otros lugares.

Nuevas tendencias

Una interesante experiencia en Chile ha sido el trabajo de RELAC como una plataforma que abre el debate sobre la responsabilidad del productor y, además, una oportunidad para crear confianza y coordinación entre los actores que generalmente no trabajan en conjunto en esta área.

Hay  un creciente número de iniciativas y proyectos que promueven la renovación y reciclaje de PCs y teléfonos móviles. Aun cuando estos no son suficientes para realmente crear un impacto a nivel nacional, muestran compromiso de las compañías de tomar acciones en el asunto y también el interés de la gente de tener más opciones para reciclar su antigua tecnología.

Líneas de acción

Dado el tamaño de la economía chilena, parece necesario trabajar en una solución común para el problema del e-waste, a lo menos a nivel latinoamericano. Esto incluye la adopción de marcos legales armonizados y políticas públicas a través de la región.

No obstante, antes de la adopción e implementación de políticas públicas y leyes, es necesario trabajar en la construcciones de capacidades en la sociedad civil, los sectores público y privado. El número y  capacidades de los actores en el país son aún limitadas, lo que opaca los esfuerzos y resultados de las pocas iniciativas existentes. La organización de seminarios, conducción de investigaciones, y desarrollo de directrices, entre otras cosas, puede aun ser apropiadas para las iniciativas existentes, dado el nivel de discusión en el país.

La continuidad del proyecto Plataforma RELAC en Chile, así como en América Latina, es crucial para promover y aumentar la investigación y coordinación de los diferentes actores que pueden trabajar conjuntamente en la búsqueda de nuevas y mejores soluciones, más allá de la legislación.