Paraguay

Ya pasó un año desde la elección del presidente Fernando Lugo, el 15 de agosto de 2008, y se puede decir que las expectativas de la gente son mayores que la capacidad del gobierno para dar respuestas. Esto es especialmente cierto en cuanto al acceso a internet y la liberalización del sector de tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

En lo relativo al acceso a la información en línea, los desafíos principales son brechas en el escenario político y legislativo, y la baja penetración de internet que hay en el país.

Paraguay sigue siendo el país con menor penetración de internet (4,1% en 2007) de América Latina, muy por debajo de las cifras de otros miembros del Mercosur^[1]. Los precios de acceso que figuran en el Cuadro 1 muestran la posición desventajosa de Paraguay.

Pero durante la Cumbre del Mercosur, realizada en Asunción (23-24 de julio de 2009), con la participación de los/as presidentes/as de todos los países miembros, las TIC no llegaron a incluirse en la agenda.^[3] 
 
En marzo de 2009, el organismo regulador de las telecomunicaciones, Conatel, anunció la liberalización del mercado de internet y abrió la banda ancha internacional a los operadores. Antes, la señal internacional siempre había sido de dominio exclusivo de Copaco, la empresa estatal de telecomunicaciones. Esta “liberación” debería reducir el costo de acceso para los proveedores de servicios de internet. Sin embargo, los operadores privados todavía no acceden directamente a la banda ancha. El costo de acceso para los/as usuarios/as finales (por una mala conexión) sigue siendo el mismo y, según CONATEL, Paraguay sigue teniendo apenas entre 40.000 y 50.000 usuarios/as de internet.
  
El principal proveedor de internet del sector privado de Paragauy es el operador de telefonía móvil Tigo, propiedad de Millicom International Cellular. Hasta ahora, a seis meses de iniciado el proceso de liberalización, la empresa no ha reducido sus precios y el servicio sigue siendo igual. En consecuencia, el país sigue teniendo la tasa más baja de usuarios/as de la región.^[4]

Dada la ausencia de una política de TIC amplia, los desarrollos legislativos en el sector han sido poco sistemáticos – algunos buenos, otros malos.

El existente marco legal que regula el acceso a internet apunta a la apertura del sector, la promoción y el fortalecimiento del desarrollo de la competencia en el mercado y el estímulo al aumento de la inversión privada. Las leyes son claras y se administran con transparencia, lo que garantiza un acceso igualitario a recursos como el espectro radial. La mayor parte de los problemas centrales ya está identificada y están disponibles los fondos para aumentar el acceso universal (a través de un fondo de acceso universal).

También existen leyes de propiedad intelectual. La ley que protege los derechos de autor y otros relacionados es la número 1.328/98 y su Decreto Regulatorio.^[5] La Dirección General de la Propiedad Intelectual (DGPI) responde al Ministerio de Industria y Comercio, y tiene las funciones específicas que siguen:^[6]

• Asegurar una adecuada administración de los sistemas nacionales del derecho de autor y derechos conexos así como de la propiedad industrial.
• Promover y fomentar la creación intelectual, tanto en su forma literaria, artística o científica, como en su ámbito de aplicación industrial, así como la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores culturales y productivos.
• Asesorar y participar en la formulación de las políticas nacionales en todas aquellas materias que tengan que ver con la protección de la propiedad intelectual y en las demás áreas afines.
• Promover iniciativas y desarrollar actividades conducentes al mejor conocimiento y protección de la Propiedad Industrial, en el orden nacional..

A la vez, la Constitución Nacional de Paraguay, aprobada en 1992, protege la libertad de expresión y la libertad de prensa. También garantiza el derecho de todas las personas a producir e intercambiar información.^[7]

Sin embargo, todavía hay grandes vacíos que no permiten la generación de un ambiente político y legislativo que garantice el acceso a la información en línea. Los principales problemas se relacionan con la implementación del derecho constitucional a la información y las consecuencias que tiene el Código Penal.

El Artículo 28 de la Constitución garantiza el derecho a la información. Las fuentes públicas de información deben ser accesibles y gratuitas para todos y todas.^[8] El proyecto de ley sobre el acceso a la información pública se presentó en 2005 ante la Cámara de Diputados. El proyecto se aprobó en Diputados en 2006, pero fue rechazado por el Senado. En consecuencia, el proyecto de ley regresó a la Cámara de Diputados.

El proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados, que tenía aportes del comité asesor del Senado, sufrió una serie de modificaciones. Se mantuvieron las limitaciones ya impuestas, que no servían más que para restringir el acceso de la ciudadanía a la información pública.

GIAI, una agrupación de la sociedad civil que promueve el acceso a la información, está trabajando en una propuesta similar para presentarla ante el Congreso, a pesar de reconocer que las posibilidades de aprobación son bastante remotas. Por ejemplo, el Congreso rechazó legislación que establecería la obligación de sus miembros de poner en línea una declaración jurada de sus bienes (por ejemplo, ingresos y regalos).

GIAI se compone de más de 20 organizaciones, entre las cuales figura Radio Viva, que luchan por la consecución de las metas siguientes:

• Conciencia ciudadana del derecho de acceso a la información pública y la información privada de interés público
• Aumentar el alcance del derecho de acceso a la información
• Aprobación de la ley de acceso a la información pública, con amplia participación ciudadana en su preparación, promulgación e implementación
• Promoción de la aplicación efectiva de la ley.

El Código Penal de 1997 cubre varias formas de comunicación electrónica y tiene consecuencias para el uso de internet. El Código cubre áreas como:

• Alteración de datos
• Sabotaje informático
• Fraude
• Violación del secreto de comunicación

Sin embargo, expertos y expertas en leyes sostienen que existen varios vacíos que es necesario aclarar. Por ejemplo, la “alteración de datos” solo se aplica si la persona que la perpetra “cambia” esos datos, pero no cuando los datos se borran o se eliminan. Tampoco está claro si alterar una base pública de datos, como los archivos civiles o policiales, implica delito.

En el caso de “sabotaje informático”, no son claras las sanciones para la transferencia ilegal de dinero desde una cuenta. El texto “operaciones informáticas fraudulentas” es poco claro en cuanto a si incluye o no el correo electrónico y la intercepción de la comunicación por correo electrónico.

A pesar de la liberalización del sector y de cierta claridad legislativa, todavía queda mucho por hacer. Lo más importante es que la sociedad civil, el sector privado y otros actores sociales deben exigir el desarrollo de una política de TIC. La misma debe incluir los siguientes puntos, entre otros:

• Acceso equitativo a la fibra óptica internacional
• Simplificación del sistema de licencias
• Modernización del marco regulatorio
• Desarrollo de regulaciones que rijan el sistema de voz sobre protocolo de internet (VoIP)
• Fortalecimiento institucional de Conatel.