Ecuador

Violencia hacia las mujeres: La producción de información para promover la transformación social

Introducción

Este informe describe el proceso de realización de la Primera Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres en Ecuador, llevada a cabo entre 2011 y 2012. El punto de interés del informe es la producción de información usando tecnología en forma que apoye la transformación social.  

Antecedentes políticos

Desde 1995 Ecuador tiene una ley que prohíbe la violencia hacia las mujeres y la familia. Adoptada durante el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996) y en el contexto político del  acelerado ajuste estructural que dio forma al neoliberalismo en Ecuador, la ley no resultó lo suficientemente eficaz como para prevenir la violencia cotidiana hacia las mujeres. Este fue el caso, en particular, durante la crisis económica padecida por Ecuador en la década siguiente, que afectó al segmento más pobre de la población y por lo tanto a sus grupos más vulnerables – mujeres, niños/as adolescentes, ancianos/as, afroecuatorianos/as e indígenas. Estos grupos padecieron otra clase de violencia vinculada a la falta de acceso a la protección del Estado.

Con su “plan de modernización”, un tema recurrente de la mayoría de las políticas económicas de América Latina durante las década de 1980 y 1990, el gobierno de Ballén procuró la liberalización económica y el desmantelamiento del estado de bienestar. Este cambio fue importante, si consideramos que la gestión anterior, de Rodrigo Borja Cevallos (1988-1992), puso énfasis sobre un proceso de participación popular. Esto permitió, al menos parcialmente, que se oyeran las voces y demandas de una amplia gama de movimientos, incluyendo organizaciones de derechos de género. Pero la mayoría de estas demandas resultó sistemáticamente diluida durante el gobierno de Ballén, reemplazadas por políticas de desarrollo centradas en enfrentar la insatisfacción social resultante de la creciente crisis económica [1] – una crisis que deterioró el nivel de vida de las clases sociales vulnerables y aumentó la desigualdad social como nunca antes se había visto.[2]

En línea con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (también conocida por su sigla en inglés, CEDAW), se realizaron dos informes en Ecuador, el primero publicado en 2003 y el segundo, en 2006. Ambos muestran la ineficacia de las instituciones para hacer cumplir la ley sancionada en 1995, desde el Congreso Nacional y otras instituciones públicas, hasta los destacamentos de policía, los juzgados y los centros de salud.  

La violencia hacia las mujeres, en particular la violencia domestica, fue considerada un problema a resolver mediante la reconciliación, con la intervención de trabajadores/as sociales y, en última instancia, mediante el voto. El hecho de no tratarla como un delito puso de manifiesto la perversión de la práctica legal y judicial, y la falta de protección y defensa de las mujeres aumentó la sensación de indefensión.

La falta de procedimientos claros para realizar denuncias, como también la desprotección de parte de profesionales de la salud creó una significativa disparidad entre la cantidad de casos de mujeres atendidas por ataques, posiblemente relacionados con el género, y el número de denuncias recibidas por las autoridades. Por otra parte, creó una suerte de sistema judicial paralelo, por ejemplo, en las universidades, donde las soluciones a los ataques y abusos sexuales eran tratadas por las universidades mismas – a pesar de las encuestas e investigaciones que mostraban la extensión de los delitos sexuales en varias sedes universitarias.  

Estos informes corroboraron la existencia de una cultura en la que la vergüenza, el miedo o la creencia en la posibilidad de resolver situaciones violentas sin recurrir al Estado eran más fuertes que las precarias estructuras oficiales diseñadas para erradicar la violencia hacia las mujeres.

En el período entre estos dos informes, el Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU)[3] incluyó una sección en la Encuesta demográfica y de salud materna e infantil (ENDEMAIN)[4] de 2004 que incluía una serie de preguntas sobre violencia doméstica y violencia hacia las mujeres en las relaciones. La ENDEMAIN se lleva a cabo en Ecuador desde 1987. Información obtenida en 2004 resultó vital para ampliar el conocimiento sobre la situación de las mujeres en Ecuador.

En este contexto, en 2007 el gobierno ecuatoriano lanzó el Plan nacional de erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres, reuniendo a varios niveles del gobierno y tratando de crear una agencia que los coordine. Entre las actividades propuestas por este plan se encontraba la necesidad de realizar un sondeo de los datos nacionales disponibles para que la agencia pudiese establecer una base de información veraz y representativa del fenómeno de la violencia de género en el país. Esto resultaba particularmente necesario para superar la falta de denuncias de la violencia de género, dadas las diferentes fuentes de información administrativa, como centros de salud, destacamentos de policía y juzgados. Al respecto, debe notarse que “el registro único de recolección de datos acordado hace años no era utilizado por muchos comisionado que trataban con las mujeres y las familias, limitando aún más las estadísticas nacionales sobre violencia hacia las mujeres denunciada por comisionados.”[5]

La necesidad de información es una de las tareas prioritarias en el proceso de erradicar la violencia de género. Esta prioridad existe en varios niveles, algunos más profundos y más complejos, de acuerdo con Alba Pérez, coordinadora de información estratégica de la Comisión de Transición:

Trabajamos con un registro único, como un primer paso. De todas maneras, los problemas no reflejan la violencia por completo, ni su magnitud, porque hay muchas personas que viven constantemente en la violencia, pero nunca la denuncian. Pero hay todavía otra cosa: ni siquiera saben que es violencia.[6]

La realidad para muchas mujeres víctimas de violencia es que enfrentan múltiples formas de invisibilidad, ya sea en los registros – como se vio en la encuesta ENDEMAIN de 2004, que sólo abarcaba a mujeres casadas o aquellas viviendo en pareja, lo cual ocultaba la violencia enfrentada por mujeres solas – o a partir de la experiencia de mujeres que no denuncian actos de violencia por una estructura social que las lleva a sentirse culpables o a resignarse a ser receptoras pasivas del abuso.

Pero en los casos más extremos, es precisamente sobre esta clase de invisibilidad que Pérez nos advierte: cuando las mujeres ni siquiera son conscientes de su victimización.

Frente a esta realidad, CONAMU, la Comisión de Transición y los diversos organismos involucrados en el Plan nacional de erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres lanzó la Primera encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres. La encuesta se realizó en noviembre de 2011 y sus resultados iniciales se presentaron en marzo de 2012. Fue un proceso necesario para enfrentar y remediar la falta de información sobre violencia hacia las mujeres en Ecuador, que resultaba en pocas denuncias y en una falta de conciencia y de discurso público sobre violencia de género.

Para este propósito fueron necesarios diferentes pasos. Primero, la creación de una secretaría técnica para organizar y centralizar metodologías y el necesario proceso de recolección de datos. Segundo, la participación activa del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que desarrolló las herramientas para la encuesta y se hizo cargo del proceso. INEC creó un marco estadístico para la encuesta, formando comisiones especiales y sectoriales, incluyendo una comisión especial de estadísticas de género. La creación de esta comisión resultó en un intenso debate sobre el desarrollo de la metodología de investigación, y capacitación en el campo tanto para miembros de la Comisión de Transición, que asumió la presidencia de la comisión especial dentro de INEC, como para funcionarios/as del INEC en sensibilización a las problemáticas de género.

Por último, fye necesario crear un equipo para la coordinación y cooperación intersectorial entre la Comisión de Transición, INEC, los Ministerios de Gobierno y Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), y las organizaciones de mujeres. Los estudios anteriores se concentraban sólo en las mujeres casadas, dando por sentado que la violencia hacia las mujeres tenía lugar exclusivamente dentro del hogar. El trabajo de este equipo amplió el marco a las mujeres en general (no sólo las casadas), como también a las niñas mayores de 12 años, lo cual implicaba acceso a información sensible.

Esta encuesta pionera también requirió una capacitación extensa del personal involucrado en el procesamiento de los datos, en especial debido al influjo de nueva información. Se llevaron a cabo talleres de una semana, que se convirtieron en laboratorios que demostraban las reacciones de una sociedad que todavía se resistía a hablar de esos temas:

Entonces recordé que había una jovencita sentada frente a mí. Estaba en la primera fila. Se puso de pie y dijo: “Tengo cinco hijos. Ahora me doy cuenta de la clase de vida que viví. La violencia que soporté toda mi vida. Si tengo cinco hijos, se darán cuenta de que por mi situación…” Y se echó a llorar. El taller fue extremadamente intenso, no sólo para ellas, también para mí, a pesar de que ya había trabajado con estos temas. Pero, por supuesto, los problemas son mucho más complicados en la realidad. Y eso fue solo el primer día.[7]

Mujeres preguntándole a mujeres sobre sus vidas, tratando de desenredar la complicada madeja de experiencias individuales y sociales, haciéndolas visibles en una sociedad que se ha rehusado sistemáticamente a reconocer esa complejidad. Y todavía no la reconoce. Pero la encuesta reveló algunas situaciones muy complejas y alarmantes.

Entre los hallazgos más perturbadores está que en Ecuador, seis de cada diez mujeres han experimentado alguna clase de violencia, ya sea física, psicológica, sexual o relacionada con la propiedad y bienes.[8]

Aunque quedó de manifiesto que una de cada cuatro mujeres ha experimentado alguna forma de violencia sexual, la forma de violencia más recurrente es psicológica, lo cual refuerza la existencia de un problema social y cultural. Las restricciones que padecen las mujeres significan que esa violencia es difícil de verificar, castigar o tratar. La encuesta también reveló que el caso es independiente de la identificación étnica, el nivel de ingresos e incluso educativo: 52.8% de las mujeres con algún título de grado han sufrido alguna forma de violencia. Y a pesar de ello, o tal vez debido a ello, sólo 20.6% de los casos resultan en alguna denuncia formal.

De las historias surgidas de la investigación, la más compartida fue el caso de Karina del Pozo. Se cree que esta joven fue violada y asesinada por hombres que conocía, y su asesinato fue descrito como un caso de femicidio. Aunque en Ecuador no hay criminalización específica para esta clase de delito (es decir, diferenciado del homicidio), desde octubre de 2011, y en coincidencia con el inicio de la encuesta, la gente empezó a usar el término femicidio por primera vez en mensajes publicados en Twitter desde cuentas ecuatorianas.  Según el portal Topsy, que se especializa en análisis de redes sociales, antes de octubre de 2011 el hashtag #femicidio no había sido usado en Ecuador. Sin embargo, su uso alcanzó un pico entre febrero y marzo de 2013, coincidiendo con la difusión del caso Karina del Pozo. Se escribieron más de 100 mensajes, mientras que el hashtag #KarinadelPozo fue retuiteado 15.000 veces.

Es seguro suponer que este caso, y todos los que se visibilizaron después de él, permitió que el problema del femicidio entre en el imaginario ecuatoriano, y ayudó a reunir apoyo para la propuesta de que se incluya este tipo específico de delito en el Código Penal. Antes de la encuesta, esta clase de propuestas habrían sido más difíciles y habrían enfrentado mayor resistencia.  

Conclusiones

La conclusión de esta experiencia, que aún no ha terminado, es que la información es un recurso escaso y muy necesario. Puede cambiar el comportamiento y la percepción colectiva y apoyar la posibilidad de reconstruir la imagen de una sociedad y su cultura. La legitimidad de la información es importante. En este caso la encuesta obtuvo legitimación mediante su diseño, el apoyo y los aportes multisectoriales y el proceso de implementación. La clase de presión ejercida mediante estas plataformas puede, como lo demuestra al menos el caso de Ecuador, conducir a un debate sobre un lado oscuro de la realidad e identidad de una nación, y a empezar a reconocer problemas que están ocultos bajo un manto muy fuerte y poderoso de antiguas costumbres, etiquetas, recriminaciones y sanciones sociales.

Pasos para la acción

Es necesario no sólo difundir estos debates sociales a través de distintas plataformas de medios, sino también alentar a activistas, organizaciones y público general a pedir más información de las instituciones, en ejercicio de su derecho a acceder a la información. También es necesario que las personas se hagan preguntas sobre sí mismas, sobre los comportamientos que sienten como “naturales”, y sean críticas para transformarse como un colectivo humano.

References

[1] Lind, A. (2001) Organizaciones de mujeres, reforma neoliberal y políticas de consumo en Ecuador, en Herrera, G. (ed.) Antología Género, FLACSO, Quito, p. 295-324.

[2] Salgado, J. (ed.) (2006) Informe Alternativo ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, PADH-UASB, CLADEM, CPJ y UNIFEM, Quito.

[3] Una agencia técnica que funciona bajo la Presidencia de la República de Ecuador, creada en 1997 y en operaciones hasta mayo de 2009, cuando una provisión constitucional la convirtió en Comisión de Transición hacia el Consejo de las mujeres y la Igualdad de Género (desde ahora llamada Comisión de Transición).

[4] www.cepar.org.ec/endemain_04/nuevo05/pdf/texto/01_introduccion.pdf

[5] Jara, L. (2001) Ecuador: hacia un sistema de estadísticas sobre violencia contra las mujeres. Resumen, en CEPAL, Estadísticas e indicadores de género para medir la incidencia y evolución de la violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe, UNIFEM, Quito.

[6] Entrevista con Alba Pérez, 19 de abril de 2013.

[7] Entrevista con Alba Pérez, 19 de abril de 2013.

[8] “La brecha de bienes de género en América Latina es significativa en lo que respecta a la propiedad de la tierra. En muy pocos países las mujeres constituyen siquiera un cuarto de las propietarias. La desigualdad de género en la propiedad de la tierra se relaciona con la preferencia masculina en la herencia, los privilegios del hombre en el matrimonio, una tendencia que favorece a los hombres en los programas comunitarios y estatales en la distribución de tierras y en el mercado de las propiedades, donde las mujeres tienen menos probabilidades de éxito como compradoras que los hombres.” Deere, C. D. and León, M. (2003) The Gender Asset Gap: Land in Latin America, World Development, 31(6), p. 925-947.