Perú

 

El presente informe busca hacer un balance de la situación del Perú en torno a la temática de la “sociedad de la información”, no sólo a través de un análisis de las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, sino a partir de la reflexión de diferentes actores nacionales. 

En el año 2006 ha habido avances y retrocesos a nivel de políticas de información y comunicación. Ese año significó el cierre del gobierno de Alejandro Toledo (Perú Posible) y el inicio del de Alan García (Partido Aprista Peruano, APRA), con la consiguiente continuidad democrática, importante para la estabilidad del país. Toledo abrió su gobierno 5 años atrás con el Plan Huascarán4 y lo cierra dejando instalada una comisión de seguimiento de la Comisión para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, que también se conoce como CODESI 25. 

El Gobierno Aprista no tiene un programa claro en relación a la sociedad de la información, a pesar de que el propio Presidente de la República identifica el área como prioritaria para el país6. Por el contrario, se han dado medidas preocupantes, como la desarticulación, en la práctica, del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones (INICTEL)7 y el recorte del presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC)8. Tampoco ha quedado claro el propósito estratégico de la absorción del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL)9 por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones10, una acción que parece más orientada a disminuir de la burocracia estatal que ligada a alguna política de Estado en el área de sociedad de la información.
1. Introducción

Por otro lado, aún con el desarrollo y la publicación de una estrategia nacional en tecnologías de información y comunicación (TIC), la Agenda Digital de Perú11, al no estar inserta dentro del proceso de diálogo nacional iniciado por el gobierno y orientado a establecer políticas de estado para los próximos 20 años (Acuerdo Nacional12), ésta queda más en una política tecnológica que en una política de estado para el desarrollo. 

Aún cuando las políticas públicas en el Perú han priorizado el despliegue de infraestructura, el 2006 ha permitido también abrir espacios importantes de diálogo y propuesta en políticas de TIC. Estos espacios de diálogo, sin embargo, están todavía lejos de incluir a sectores amplios de la sociedad y de lograr que las políticas relacionadas a la sociedad la información sean transversales al Estado. En tanto eso no ocurra, los ciudadanos seguirán siendo espectadores y no protagonistas. 

Este reporte se basa en el estudio que Miguel Saravia preparó por encargo de APC como contribución a la investigación “Acceso efectivo y en igualdad de oportunidades de las comunidades rurales a la radiodifusión, estrategia clave de inclusión digital para América Latina y el Caribe” financiado en el marco del Programa FRIDA, así como en el “Reporte sobre Sociedad de la Información en el Perú” realizado por Erick Iriarte para Perú-Digital13. Se suma a lo anterior el análisis de otros informes y artículos publicados en la lista Perú-Digital y el Blog TIC_Rural14 entre otras fuentes de información.

2. Situación Nacional

2.1. Contexto histórico 

El gobierno peruano se apoya en la definición de sociedad de la información establecida en la Declaración de la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe para la Primera Fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), que tuvo lugar en Bávaro, República Dominicana, en enero de 200315. Según esta declaración, la sociedad de la información es “un sistema económico y social donde el conocimiento y la información constituyen fuentes fundamentales de bienestar y progreso, que representa una oportunidad para nuestros países y sociedades, si entendemos que el desarrollo de ella en un contexto tanto global como local requiera profundizar principios fundamentales tales como el respeto a los derechos humanos dentro del contexto más amplio de los derechos fundamentales, la democracia, la protección del medio ambiente, el fomento de la paz, el derecho al desarrollo, las libertades fundamentales, el progreso económico y la equidad social”. 16 

En el año 2001 se creó en Perú la “Comisión Multisectorial para Masificar el uso de Internet” que produjo el documento “e-Perú: Propuestas para un Plan de Acción para el Acceso Democrático a la Sociedad Global de la Información y el Conocimiento”17. Dicha comisión fue creada con el propósito de ordenar las diferentes iniciativas que desde el nuevo gobierno se comenzaban a preparar. Junto con ésta se decretó la obligatoriedad para todas las dependencias públicas de elaborar planes de acción referidos a la sociedad de la información, disposiciones de acceso a la información pública y a la elaboración de páginas web. Esta disposición incluye a los gobiernos locales. 

Varios organismos estatales han desarrollado iniciativas para la sociedad de la información. CONCYTEC, el Organismo Supervisor de la Inversión Privada den Telecomunicaciones (OSIPTEL), INICTEL, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones conformaron, en el año 2002, un equipo de trabajo para la formulación de un Plan Nacional de Sociedad de la Información coherente con la realidad peruana (E-Perú). Durante las reuniones del equipo técnico se avanzó en la formulación del documento pero también se reconoció que no había aún el suficiente nivel de consenso sobre todos los puntos y que era necesario avanzar hacia los lineamientos de una estrategia nacional que pusiera al país en el rumbo de la “sociedad de la información”. 

Durante el 2003, con la primera fase de la CMSI en puerta, la Presidencia del Consejo de Ministros relanzó su estrategia de e-government y la vinculó al proceso de modernización del Estado que se comenzó a ejecutar a partir del 2004, con un financiamiento aproximado de 300 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (IADB). 

Ese año la Presidencia del Consejo de Ministros también creó la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (CODESI) como entidad encargada de elaborar “un Plan para el desarrollo de la sociedad de la información en el Perú, el mismo que deberá contener un diagnóstico de la situación actual del Perú en el contexto de la sociedad de la información, las acciones necesarias a ejecutar para el desarrollo de la misma y los proyectos de normas y dispositivos que coadyuven al adecuado desarrollo, implementación y promoción de la sociedad de la información en el Perú”. 18 

La CODESI declara19 que este organismo propugna una sociedad donde se otorgue prioridad a la solución de la pobreza y otras desigualdades de manera sostenible. Para lograr este objetivo necesita de la participación y el compromiso de todas las generaciones, asegurando la intervención de diversos grupos sociales y lingüísticos, culturas y pueblos. En especial de “aquellos más expuestos a la exclusión, discriminación y el prejuicio” y promoviendo también la equidad a nivel de género. 

El plan de desarrollo de la sociedad de la información elaborado por la CODESI señala que las “TICs pueden usarse para exacerbar o para transformar relaciones de poder desiguales. Las TICs pueden ser herramientas poderosas para la acción social y el cambio social positivos y contribuir a la construcción de la igualdad de género y para acabar con la pobreza dependiente del estatus social, género, raza, habilidades y edad”20. 

Los mecanismos concretos que tiene el gobierno peruano para el desarrollo de la sociedad de la información son el FITEL y la oficina de Proyectos del Vice Ministerio de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Mientras FITEL ha estado concentrado en la expansión de la telefonía en zonas rurales y algunas acciones relacionadas a facilitar el acceso al Internet, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha estado orientado a proyectos para desarrollar una plataforma electrónica del Estado y tiene en cartera varias iniciativas relacionadas con centros de acceso a internet. No se ha establecido entre ambas instituciones una relación clara que evite la duplicidad y un uso más racional de los recursos del Estado. 

2.2 Inversiones en TIC 

El mercado de las telecomunicaciones de Perú fue liberalizado en 1999 y el cuenta con libre competencia en telefonía fija, móvil, internet y servicios de valor añadido. El número de suscriptores de telefonía móvil alcanzó al de suscriptores de telefonía fija en 2001 y el mercado móvil se está ampliando constantemente. Según datos de OSIPTEL, en telefonía fija se pasó de una teledensidad de 3.21% en 1994 a 7.20% en 2004. A nivel de telefonía móvil, se pasó de 0,16% en 1993 a más de 13% en 2004. 21 

Desde 1991, cuando se inicia el proceso de liberalización, muchas han sido las disposiciones que se han dado para ayudar a promover la apertura del mercado, incentivar la inversión en áreas críticas y garantizar las condiciones mínimas para la competencia en el sector de las telecomunicaciones en el Perú. Sin embargo, como señala la Red Científica Peruana (RCP), a pesar de dichas medidas “los niveles de teledensidad en el Perú se encuentran por debajo de otros países de la región, las disparidades por estratos socioeconómicos y regionales en nuestro país persisten -con lo cual los sectores de menores recursos tienen acceso limitado a estos servicios-, y se ha producido una marcada desaceleración del crecimiento de líneas en telefonía fija en los últimos años. La estructura de la industria presenta altos niveles de concentración y se evidencia una limitada oferta de servicios que respondan a las necesidades y demandas de los consumidores de menores ingresos, principalmente en las ciudades de menor tamaño y en las zonas de la periferia urbana” 22 

Las inversiones en telecomunicaciones han sido lideradas por el capital extranjero, especialmente por Telefónica de Perú (de Telefónica España), compañía con la cual el Estado peruano mantiene un contrato desde 1994. Estas inversiones han beneficiado principalmente a los habitantes de Lima y en menor medida a los del resto del país23. 

En octubre de 2006 el gobierno planteó renegociar el contrato con Telefónica, con el objetivo de bajar las tarifas manteniendo las inversiones en innovación tecnológica. Según el ministerio del sector, esta inversión "[…] permitirá satisfacer necesidades educativas, profesionales, comercio y acceso a servicios del Estado (sociedad de la información). / La inversión para incrementar el acceso a Internet con banda [ancha] permitirá disminuir la brecha digital existente. Este esfuerzo contribuirá a que se logre la meta del millón de conexiones para el año 2011"24 

2.3 Limitaciones regulatorias 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y OSIPTEL tienen a su cargo la regulación de las redes de los servicios públicos de telecomunicaciones en el Perú. El marco normativo de las infraestructuras de la información está definido por25: 

(i) Los Lineamientos de Política de Acceso Universal.

(ii) Los Lineamientos de Políticas Generales para Promover el Acceso a Internet en el Perú.

(iii) Los Lineamientos de Políticas para promover un mayor acceso a los Servicios de Telecomunicaciones en áreas rurales. 

Moscol Salina (2003)26 señala limitaciones regulatorias para el despliegue de la infraestructura de tecnologías de información y comunicación (TIC) en zonas rurales:


Las reglas para la interconexión son insuficientes para el desarrollo de la infraestructura en áreas rurales.
Se necesita reducir o eliminar requisitos para el acceso al mercado.
Es necesario el desarrollo de contenidos y capacitación locales (en especial para los sectores de educación salud, economía y otros necesarios para el desarrollo rural).
Es necesario establecer un sistema de seguridad electrónica y fomentar el comercio electrónico.
El acceso a internet no ha sido definido como servicio público de telecomunicaciones y existe un vacío normativo para los centros proveedores de internet.
Es necesario compartir infraestructura entre redes urbanas y rurales.

Estas barreras afectan el acceso a las nuevas tecnologías, afectan la sostenibilidad de nuevos emprendimientos, facilitan la concentración de la propiedad de los medios en pocas manos y dificultan la participación de la comunidad en el desarrollo de la sociedad de la información. 

OSIPTEL y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones han avanzado en el desarrollo de regulaciones orientadas a solucionar en parte los problemas antes mencionados, siempre con énfasis en el problema del acceso. Sin embargo, tal como señala el Grupo de Análisis y Prospectiva del Sector de las Telecomunicaciones en España27, la emergencia de las tecnologías inalámbricas y la banda ancha están generando nuevos desafíos regulatorios que van mas allá del acceso y que involucra una mejor gestión del espectro para asegurar una mayor oferta, pero también obliga a pensar en la necesidad de establecer reglas de relación entre un servicio regulado, como es el de telecomunicaciones, y otro desregulado, como es el de la provisión de contenidos. 

En respuesta a lo anterior, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha propuesto un proceso de “concesión única”, que se define como: “el derecho a prestar todos los servicios públicos de telecomunicaciones […] previa comunicación al Ministerio de Transportes y Comunicaciones”28 

En cuanto a las tecnologías inalámbricas, el Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones define el espectro radioeléctrico como el medio por el cual pueden propagarse las ondas radioeléctricas sin guía artificial. Constituye un recurso natural limitado que forma parte del patrimonio de la nación. Corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la administración, la atribución, la asignación y el control del espectro de frecuencias radioeléctricas. El mismo reglamento señala que la asignación del espectro radioeléctrico en las bandas identificadas para sistemas de accesos fijos inalámbricos y atribuidos a titulo primario para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, se realizará mediante concurso público en las áreas donde hay restricciones en la disponibilidad de frecuencias29. 

Sin embargo, según el gerente general del OSIPTEL, WiMax en Perú sólo se utiliza para transmisión de datos, lo cual no está regulado, y considera además que mientras la infraestructura WiMax no se amplíe no es necesaria ninguna regulación. 

La entidad pública responsable de la telefonía rural en el Perú es el FITEL, instrumento diseñado por el Estado Peruano para dar cumplimiento a su deber de expandir –mediante operadores subsidiados- los servicios públicos de telecomunicaciones en áreas rurales y de preferente interés social y destinado a la provisión de acceso universal a dichos servicios. La administración de este fondo fue encargada inicialmente al OSIPTEL30. 

Mediante la Ley Nº 28900, publicada el 4 de noviembre del 2006, se le ha otorgado al FITEL personería jurídica de derecho público y se le ha adscrito al Sector Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estableciéndose un plazo máximo de 60 días para que el OSIPTEL transfiriera su administración al ministerio, el que continuará aprobando los proyectos declarados viables y otorgando las concesiones que corresponda.

2.4 Estadísticas 

El 2006 se ha caracterizado por tener avances y retrocesos en el tema de la sociedad de la información en Perú. Los indicadores del Instituto Nacional de Estadística e Informática31 muestran que a octubre de 2006 un 28,65% del total de hogares tenía un teléfono fijo, 32,49% de los hogares disponía de un celular, 15,45% de hogares tenían acceso a la televisión por cable y sólo un 6,05% de los hogares contaban con acceso a internet en el hogar. 

Si comparamos la penetración por áreas geográficas de telefonía fija, telefonía móvil, TV cable e Internet en los hogares peruanos, se ve que todas las TIC tienen un crecimiento importante en Lima Metropolitana en el trimestre Agosto-Octubre de 2006, en comparación a similar período del 2005. 

Para los Centros Poblados de más de 2000 habitantes el crecimiento en TIC se da en una forma similar. Siendo importante el crecimiento de la telefonía móvil en los trimestres que se comparan, el crecimiento es casi convergente con la telefonía fija: 35,9% para el trimestre evaluado. Internet tiene en estos hogares un crecimiento relevante que indica su penetración en áreas diferentes a Lima Metropolitana. 

Para los Centros Poblados con menos de 2000 habitantes, es decir, el área Rural, la presencia de las TICs es pequeña. Para el trimestre analizado solo aparece el teléfono fijo y la telefonía móvil con datos significativos e incluso la tenencia de teléfono móvil supera ampliamente la tenencia de teléfono fijo. 

Mientras en el año 2000 el 4,4% de los hogares tenían computadoras, en el periodo 2003/2004 este porcentaje se incrementó a 6,8%. Al considerar el área de residencia, encontramos importantes diferencias en hogares con tenencia de computadoras, diferencias que se han mostrado también en la disponibilidad de servicios TIC. 

En el Perú, a Octubre 2006 el 29,06% de los hogares de Lima Metropolitana disponían de una computadora, mientras que sólo el 13,39% de los hogares del Resto Urbano y 0,72% de los hogares rurales disponían de una computadora. 

Las cabinas públicas (cybercafés) han sido un factor importante para el acceso a Internet en el Perú y las cifras nos muestran que esta lejos de dejar de serlo. Entre 2005 y 2006 ha habido un incremento del 3% en el número de personas que acuden a ellas. 

El informe del Instituto Nacional de Estadística muestra que existen hoy en el Perú cifras muy precisas de TIC en términos de infraestructura y de uso. Estas cifras deberían orientar las políticas públicas del sector. Lamentablemente no disponemos de información en relación al uso que se hace de esta información. 

Otros organismos públicos han realizado investigaciones que proveen información fundamental para el diseño de políticas. OSIPTEL ha realizado varias investigaciones entre los años 2003 y 200532 que mostraron que internet tiene poco impacto para el poblador rural y que los principales usuarios de Internet en áreas rurales no son precisamente los pobladores rurales sino pobladores de las ciudades que, por motivos laborales, se encuentran temporalmente en la zona.33 

2.5 Enfoque de derechos 

La Defensoría del Pueblo ha hecho público su informe “El desafío de la telefonía rural: una mirada desde los ciudadanos” en enero de 200734, a través del cuál se propone poner en la agenda pública el tema del acceso al servicio público de telefonía de calidad razonable en zonas rurales y de preferente interés social. 

La Defensoría aporta un enfoque de derechos, fundamental para entender que cuando hablamos de sociedad de la información hablamos fundamentalmente de personas. Recogiendo lo señalado por la Ley de Telecomunicaciones35 afirma que dar acceso a estos servicios públicos contribuye a reafirmar políticas de inclusión y a facilitar la aplicación de estrategias de registro e identificación ciudadana, permitiendo que una mayor cantidad de personas en situación desventajosa pueda ser incluida en los proyectos de desarrollo. Asimismo, implica reducir diversos costos de transacción para los pobladores de las zonas rurales en sus vínculos con terceros para obtener u ofrecer diversos bienes y servicios.


Pero mas allá del enfoque de derechos planteado, el Informe de la Defensoría aporta conclusiones importantes que son en realidad un llamado para la acción pública. Concluye, por ejemplo, que existe un estancamiento en la inversión de FITEL: “Del año 2004 al año 2005 no hubo un incremento en el número de centros poblados atendidos por el FITEL pese a que existían ingresos disponibles en dicho fondo. El estancamiento actual del FITEL se debe a trabas interinstitucionales fundamentalmente con el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), por lo que la solución parece estar en alguna reformulación del sistema que permita superar dicha restricción. En efecto, del total de fondos del FITEL, sólo el 14% está destinado a proyectos en ejecución. El 48% corresponde a proyectos que esperan que el SNIP los declare viables, el 3% a proyectos que esperan la aprobación del MTC; y el 33% a proyectos en elaboración, quedando un saldo de 2%.” 

Asimismo, la Defensoría llama a profundizar los mecanismos de transparencia y observación ciudadana en el funcionamiento de FITEL a partir de haberle otorgado personería jurídica y haberlo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones: “No parece claro que la solución para el FITEL dependa de haberle otorgado personería jurídica de derecho público o de su adscripción al Sector Comunicaciones. Antes bien, la administración del FITEL podría de ese modo perder independencia política, por lo que resulta indispensable, en todo caso, reforzar mecanismos de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.” 

Pero es en el rubro de recomendaciones donde encontramos el aporte más valioso del informe de la Defensoría, no sólo porque hace un claro llamado a una gestión independiente de FITEL, sino porque plantea la urgente necesidad de que el Congreso de la República redefina el destino de los recursos del FITEL para superar el concepto de “acceso universal” incorporando el de “servicio universal”, posibilitando, asimismo, la inversión en líneas de abonado particular, dado que nuestro país ha logrado algunos avances en telefonía rural y actualmente puede ponerse metas más exigentes. En ese mismo sentido plantea que FITEL destine más recursos al desarrollo de capacidades en los pobladores rurales, una demanda reclamada insistentemente por diferentes actores de la sociedad civil. 

2.6 Contexto regional e internacional 

A nivel internacional, la primera reunión del Internet Governance Forum (IGF)36 (en octubre-noviembre de 2006 en Atenas, Grecia)37, dio luces de lo que serian los diálogos internacionales sobre la temática de la Gobernanza de Internet, tratando de encontrar los equilibrios necesarios entre el Acceso a la Información, el desarrollo de Contenidos, el mantenimiento de la Infraestructura y la protección de los Internautas. Equilibrio delicado, que muchas veces se ve vulnerado. En 2007 la reunión del IGF se realizará en Río de Janeiro, lo que permitirá una mayor presencia de participantes latinoamericanos. 

El año 2006 tuvo en la 36 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) un hito importante para el desarrollo de políticas de sociedad de la información en la región. Los países integrantes de la OEA establecieron la "Declaración de Santo Domingo: Gobernabilidad y desarrollo en la sociedad del conocimiento"38, con un claro enfoque de uso de TIC para el desarrollo, centrado en el ser humano y no en la tecnología, la cual no es mas que medio (al contrario de lo que ocurre con muchas políticas "de sociedad de la información" que se parecen más a políticas de "desarrollo de redes y computadoras"). El primer párrafo de la Declaración de Santo Domingo señala: "1. Subrayar la importancia que desempeñan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como herramienta transversal para el logro del desarrollo equitativo y sostenible y el fortalecimiento de la gobernabilidad, la promoción y protección de los derechos humanos, así como la necesidad de trabajar intensamente para que todas las personas en las Américas, en particular aquellas en situación de vulnerabilidad o con necesidades especiales, sean partícipes de los beneficios generados por la Sociedad del Conocimiento“. 

Por otro lado, el Plan de Acción Regional, eLAC 2007, ha seguido su marcha, y los grupos de trabajo establecidos han ido generando diálogos que tienen como meta una próxima reunión en Noviembre del 2007 en El Salvador, donde se evaluara lo desarrollado y se preparará una estrategia de mas largo alcance (probablemente hasta el 2011)

A nivel subregional, se llevo a cabo la Reunión Andina sobre Sociedad de la Información, convocada por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones de Ecuador (CONATEL). En dicha reunión se estableció como misión que el Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL) debería avanzar en el desarrollo de una estrategia andina, armonizada con las políticas existentes y a la luz de los documentos de WSIS y eLAC 200739.

3. Participación

En un inicio, las discusiones para el establecimiento de una agenda digital en el Perú no tuvieron mecanismos de acceso para la sociedad civil. Cuando se oficializó la CODESI se mencionó su carácter excepcional, ya que podía tener la participación de la sociedad civil: “Excepcionalmente, cuando el caso lo requiera, la CODESI podrá solicitar a otros organismos, instituciones, gremios y entidades en general, públicas o privadas, y a especialistas, el asesoramiento, información y apoyo necesarios para el cumplimiento de su objeto”.40 Esto ocurrió en cada una de las comisiones creadas por la CODESI41, y desde la sociedad civil en el Perú se apoyó el trabajo de la CODESI. Sin embargo, se ha hecho aún poco para asegurar un cambio en las estructuras hegemónicas.42


OSIPTEL y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones han establecido mecanismos de consulta de los proyectos de política y de regulación, abriendo la posibilidad de participación de diferentes estamentos de la sociedad. Sin embargo, esta apertura no se traduce en una posibilidad real de participar en la toma de decisiones. 

FITEL abrió la posibilidad para que organismos de la sociedad civil presenten proyectos para ser financiados con los recursos del Fondo. Sin embargo, los mecanismos para que estos terminen siendo finalmente financiados son muy complicados y demandan años de continua negociación. La oficina de proyectos del Vice Ministerio de Comunicaciones, por su parte, no ha abierto ningún mecanismo y todas las iniciativas son implementadas directamente por esa dependencia pública o en alianza con otras entidades estatales. 

Diversas organizaciones de la sociedad civil y del sector privado han empezado a tomar contacto entre ellas, movilizadas por la identificación de una necesidad: vincularse para generar una agenda que permita organizar una estrategia común, orientada al aprovechamiento de las enormes posibilidades que las TIC ofrecen, con el fin de generar riqueza que beneficie a los peruanos. El resultado de ese proceso ha sido la creación del Consejo Privado para la Agenda Digital del Perú (CPAD)43, conformado inicialmente por el Comité de Tecnologías de la Información de la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación Peruana de Empresas de Servicios de Internet, Common Perú (Asociación de Empresas Usuarias de Tecnologías de la Información) y Alfa-Redi. 

Desde mayo de 2005, Peru-Digital44 se ha convertido en el espacio electrónico de discusión sobre temas relacionados con la sociedad de la información en el Perú. Por la lista circulan más de 300 mensajes al mes y reúne a más de 370 actores sociales relevantes en los procesos de Sociedad de Información en el Peru. La presencia de actores políticos y decidores de política en la lista ha permitido que la reflexión colectiva llegue a informar algunas decisiones políticas y se ha convertido, de hecho, en el espacio de incidencia más importante con el que cuenta la sociedad civil y el sector privado.45 

4. Conclusiones

Al analizar el desarrollo de políticas de sociedad de la información en el Perú nos enfrentamos a una estructura que aun percibe estos temas como si fueran "técnicos", donde los actores políticos relevantes no han tomado aún las riendas.

El trabajo de la "Comisión Multisectorial para el Seguimiento y Evaluación del "Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú – La Agenda Digital Peruana" es uno de los espacios desde donde se ha intentado llevar hacia delante un esfuerzo coordinado de tener una estrategia nacional de TIC, pero un documento que se trabajó en los años 2003-2004, estuvo finalizado en Abril del 2005 y pasó todo el 2006 en “revisión” fue sobrepasado por la realidad. La actualización de la Agenda encontró que muchas metas no tenían línea basal, por lo que la primera tarea (que OSIPTEL ha implementado eficientemente) fue la de establecer indicadores mínimos, en consonancia con las metas regionales establecidas en el proceso preparatorio de la segunda fase de la CMSI en América Latina y el Caribe (eLAC 200746). 

Más allá de esto, quizás el mayor aporte de la comisión haya sido la promoción del dialogo, la búsqueda de consensos, la puesta del tema en la agenda y el ayudar a comprender que el fenómeno no va involucra solamente el área tecnológica. A partir del diálogo con el CPAD ha surgido la comprensión de que los esfuerzos públicos no pueden ir disociados de los privados y que una agenda compartida es más que necesaria. Pero, sobre todo, se ha puesto de manifiesto la necesidad de colocar los temas de sociedad de la información como prioridad gubernamental, tal como se están colocando a nivel de prioridades en el sector privado y en la sociedad civil y como se refleja también en la actividad de organismos internacionales y regionales.

Mientras que algunos países generan instituciones especializadas para temas de investigación en temas de infraestructura, en el Perú, el que existía (INCITEL) y que requería una actualización de metas y mejorarse, fue desarticulado. 

Hemos dicho que el 2006 dejó con avances y retrocesos en materia de políticas de TIC en Perú. Dejó como saldo un fructífero y constructivo diálogo entre activistas, académicos y empresarios ligados a las TIC y un saldo positivo en relación al consenso que se ha generado a ciertos niveles de la administración pública sobre las reformas necesarias en el sector, mas allá del despliegue de infraestructura. Se cuenta con información valiosa para dirigir y orientar las políticas y existe un organismo (Defensoría del Pueblo) encargado de velar rigurosamente para que el ciudadano sea el beneficiario principal de las reformas que se implementen. 

Por otro lado, el año 2006 ha dejado muchas preguntas. Entre otras: ¿cómo encuadra la desarticulación de INICTEL en los planes de sociedad de la información?, ¿cómo servirá la renegociación con Telefónica para aumentar la penetración de internet en el Perú?, ¿Por qué CODESI 2 no ha generado un espacio de diálogo político con los actores relevantes?. También vale preguntarse por el seguimiento de experiencias auspiciosas (tales como la Comisión Multisectorial sobre Delitos Informáticos y Delitos por Medios de TIC, liderada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o la Comisión Multisectorial de Nombres de Dominio) o por legislación que es necesaria (como la legislación sobre protección de datos personales). 

A nivel de los actores no gubernamentales, también surgen preguntas ¿Cual es la responsabilidad del sector privado en la generación de alianzas publico-privadas en temas de TIC para el desarrollo?, ¿Cómo se involucra la sociedad civil en los procesos de sociedad de la información?, ¿qué están haciendo los actores no gubernamentales en el tema de la alfabetización digital?, ¿cómo pasar de la reflexión a la acción directa? 

Desde otra perspectiva podemos preguntarnos, también, cómo se han ido armonizando los esfuerzos locales en el marco de un proceso regional y global como es la sociedad de la información y de qué manera los esfuerzos que realiza el Perú no están desconectados de las tendencias regionales. ¿Hasta que punto Perú puede liderar y convertirse en motor de los procesos regionales en políticas de TIC? 

El año 2006 deja también el saldo negativo de una reforma del Estado que no comprende cómo hacer caminar al país en materia de sociedad de la información y deja también con la urgente necesidad de una política de Estado incorporada al Acuerdo Nacional y, por lo tanto, consensuada entre las diferentes fuerzas políticas. 

Profundizar el dialogo político, profundizar las alianzas publico-privadas y continuar vigilantes del desarrollo de la sociedad de la información, son tres de las cosas que deben marcar las prioridades de la sociedad civil que trabaja para que el Perú avance hacia una sociedad mas equitativa y justa.